VPO IBIZA, JA!

Los socialistas señalan que la única institución de Eivissa que ha previsto nuevas viviendas públicas es el Ayuntamiento de la ciudad. «El Ibavi baja su inversión».

La Federación Socialista Pitiusa (FSP-PSOE) denunció ayer la «política deficitaria» y la «grave desidia» del Partido Popular en materia de vivienda, puesto que desde las instituciones gobernadas por esta formación «no se ha hecho absolutamente nada en vivienda económica y social».
Los dirigentes socialistas Joan Boned, María Torres y Marc Costa recordaron que «desde el Institut Balear de la Vivenda (Ibavi) se ha reconocido que la oferta de viviendas sociales en Eivissa es pobre», lo que demuestra, según dijo Marc Costa, «la falta de sensiblidad del PP», a pesar de que alrededor del 70 por ciento del sueldo de un trabajador medio es absorbido por el pago de la hipoteca del piso y la edad media de emancipación de los jóvenes alcanza ya los 34 años.
El PSOE también lamentó el escaso aprovechamiento que el Govern balear y el Consell Insular hacen del Plan Nacional de la Vivienda del Gobierno central, que permite obtener ayudas cercanas al 60 por ciento. En cambio, minimizaron la trascendencia del plan Hipoteca Jove del Govern, porque según dijeron «es sólo un producto comercial más» desprovisto de eficacia real.
Joan Bonet hizo hincapié en el hecho de que «la unica Administración pública que ha hecho algo en esta materia es el Ayuntamiento de Vila», previendo más viviendas de protección oficial tanto en su reforma de Plan General de Ordenación Urbana, que prevé 600 pisos de estas características, como en el proyecto Eivissa Centre. Sin embargo, «estas iniciativas están bloqueadas por el Consell», lamentó.

Críticas al Ibavi
Boned indicó que una demostración del «escaso interés» del PP por este asunto lo constituye el hecho de que «los presupuestos que el Ibavi dedica a inversión están bajando en los últimos años». «En cuatro años, el Ibavi no ha hecho nada nuevo y lo único realizado eran proyectos del Pacto», recalcó.
También tuvo palabras de crítica hacia la delegada en Eivissa del Ibavi, Virtudes Marí -candidata a la alcaldía por el PP-, a la que acusó de «cobrar por aportar soluciones, pero en realidad lo que hace es obstaculizar el trabajo de las instituciones que tratan de hacer algo en este campo».

Proponen una Ley de la Vivienda

El PSOE de Eivissa y Formentera anticipó que su programa electoral contendrá la propuesta de promulgar una ley autonómica para favorecer las ayudas a los jóvenes en la búsqueda de vivienda, tanto en régimen de compra como de alquiler. Precisamente, los socialistas quieren que se potencie también este último sistema. El objetivo de esta normativa será también «hacer frente a la especulación» que reina en esta materia, afirmaron los socialistas.

Eivissa | J. Ll. Ferrer/ D.Ibiza

La delegada en las Pitiüses, Virtudes Marí, atribuye la escasa actividad a la falta de cesión de suelo público por parte de los ayuntamientos. En los últimos cuatro años se habrán entregado las llaves de 108 viviendas

La delegada del Institut Balear de la Vivienda (Ibavi), Virtudes Marí, admite que el balance de construcción de viviendas de protección oficial (VPO) es «pobre» si se tienen en cuenta «las necesidades que tiene la isla». El Ibavi cerrará la legislatura con la entrega de las llaves de 108 viviendas (61 en Eivissa y 37 en Formentera) y el inicio de las obras de una de las dos promociones de 18 viviendas previstas en ses Païsses, en Sant Antoni. «A nosotros nos gustaría que fuesen muchas más. De hecho, el Ibavi tiene capacidad para gestionar mucho más y podríamos hacer muchas más promociones», señaló.
Marí atribuye la escasa actividad del Ibavi a «la limitación» que supone «la falta de suelo que los ayuntamientos ponen a nuestra disposición». La Sindicatura de Comptes de Balears ha presentado hace unos días un informe en el que alerta de esta situación. Sólo el 8% de las operaciones con suelo público realizadas en 2004 por los ayuntamientos de Balears que más han crecido en los últimos cuatro años, entre ellos Vila y Santa Eulària, se destinó a la construcción de viviendas sociales. «Nosotros siempre lo hemos dicho. Hay ayuntamientos que tienen mayor dificultad porque hace tiempo que no aprueban ningún plan parcial y, por tanto, no disponen de terreno para cederlo, como es el caso de Sant Joan, que no tiene suelo urbanizable», indicó Marí, que apuntó que el mes que viene se inaugurará la nueva promoción de VPO de es Puget, detrás de la Comisaría. Recordó que Vila es el municipio que dispone de más suelo público. «Otros tienen muy poco, hasta el punto de que tienen que comprar terrenos para la construcción de colegios», señaló.
La delegada del Ibavi señala que la próxima legislatura se dará «un importante empujón» a la construcción de viviendas sociales a raíz de la reforma legal aprobada por el Parlament balear, según dijo, para que todos los ayuntamientos reserven el 30% del suelo urbanizable a la construcción de viviendas de bajo coste. Marí también señaló que la próxima legislatura se realizará una nueva promoción en la bahía de Sant Josep y que la causa de que en Santa Eulària no haya de momento ningún proyecto previsto se debe al «cambio del planeamiento urbanístico» del municipio.

 

EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ / D.IBIZA

El informe de la Sindicatura de Comptes apunta que la actividad principal desarrollada durante 2004 por los ayuntamientos consultados en torno a la gestión del suelo de titularidad pública estuvo más destinada a actuaciones previstas en el planeamiento municipal, como servicios generales, equipamientos y zonas verdes, que a intervenir en el mercado del suelo, lo cual viene a ser «una contradicción con el espíritu que emana del mandato del artículo 47 de la Constitución». Señala que la falta de conciliación periódica entre las distintas fuentes de información (contabilidad municipal, unidades de gestión urbanística e inventario general de bienes) supone «un importante obstáculo para la toma de decisiones». No obstante, de los siete municipios consultados, la Sindicatura de Comptes apunta que sólo los ayuntamientos de Eivissa, Llucmajor y Marratxí manifiestan disponer de «los controles necesarios para garantizar que los recursos del patrimonio municipal de suelo no se desvían a otras finalidades».

EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ / D.Ibiza

La Sindicatura de Comptes de Balears advierte a los ayuntamientos de que deben dar prioridad al acceso a la vivienda, según el informe realizado con los datos de siete municipios, entre ellos Vila y Santa Eulària.

La Sindicatura de Comptes de Balears alerta a los ayuntamientos de que deben dar prioridad a la construcción de viviendas sociales, por debajo del precio de mercado, a partir del suelo de titularidad pública que se obtiene por las cesiones gratuitas y obligatorias reguladas por ley de las promociones urbanísticas. Sólo el 8% de las operaciones realizadas en 2004 con este tipo de suelo en los municipios que más han crecido en los últimos años, entre ellos Vila y Santa Eulària, se destinó al acceso a la vivienda. La mayoría (64%) se destinó a la conservación y ampliación de los terrenos públicos existentes.

La Sindicatura de Comptes de Balears advierte de que sólo el ocho por ciento de las operaciones (dos de 25 en el año 2004) de suelo de propiedad municipal se destina a la construcción de viviendas sociales, cuando ésta debería ser su principal finalidad. Así se desprende del informe realizado por este organismo con la ayuda del Tribunal de Cuentas del Estado con los datos del año 2004 y que fue presentado el pasado jueves en el Parlament.
El documento (Informe sobre la gestión y control de los recursos del patrimonio municipal del suelo de 2004) se realizó a partir de los datos de la capital balear (Palma) y de los seis municipios que han seguido un mayor crecimiento en los últimos cuatro años (Marratxí, Eivissa, Llucmajor, Santa Eulària, Inca i Maó). Muchos ayuntamientos, aparte de los que integran el estudio, no destinan suelo público a la construcción de viviendas asequibles, por debajo del precio de mercado.
El 64% de las operaciones realizadas en 2004 por los siete ayuntamientos consultados con el suelo de titularidad pública, y por un valor de 8,6 millones de euros (51,1% del total), se destinó a la conservación, gestión o ampliación del mismo a través de ventas directas de solares mediante concursos o permutas con terrenos afectados por expedientes expropiatorios. El 28% se asignó a otras finalidades de interés social, con la cesión de solares, en la mayoría de los casos, a otras administraciones para la construcción de servicios públicos como escuelas o centros de salud. Este apartado supone el 38% del valor total del terreno público (6,4 millones de euros).
La Sindicatura de Comptes destaca que la construcción de viviendas sociales, «máximo exponente de la principal finalidad del patrimonio municipal de suelo», es la que tiene «menor porcentaje tanto por el número de operaciones, así como su valor (1,8 millones de euros, que viene a ser el 10,7% del total)». Asimismo, los ingresos de los ayuntamientos relacionados con el patrimonio municipal del suelo «no suponen una parte significativa del total, con un 2,1% de media».
Por ello, la Sindicatura de Comptes advierte de que los ayuntamientos deben dar «prioridad» en la gestión del patrimonio municipal de suelo a «la promoción del acceso a la vivienda para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una casa digna y adecuada, que es la principal finalidad de este tipo de suelo». En este sentido, el informe de la Sindicatura de Comptes recuerda que la legislación urbanística, en cumplimiento del mandato de la Constitución española de utilizar el suelo de acuerdo con el interés general, establece instrumentos de intervención en el mercado inmobiliario para regularlo, obteniendo reservas de suelo para actuaciones públicas, como la construcción de viviendas sociales. También se prevé la participación municipal en las plusvalías mediante determinados deberes de los propietarios del suelo, como la cesión obligatoria y gratuita de terreno correspondiente a un porcentaje de aprovechamiento urbanístico, lo que supone una fuente de financiación de las entidades locales.
El incremento de suelo público de los ayuntamientos se realiza fundamentalmente a partir de expropiaciones (44,9% del importe total, con un valor de 12,3 millones de euros), seguida de la compra directa, con un 27,6% (en este apartado figura una alta en el municipio de Palma por valor de 7,2 millones de euros, correspondiente a una sola operación, para la construcción de un hospital). Sólo en tercer lugar figura la cesión del aprovechamiento urbanístico, con un 16% del importe total.
El informe apunta la necesidad de que los consistorios «cumplan estrictamente la tramitación prevista en la legislación vigente para la gestión de los terrenos de titularidad pública» y que cuenten con inventarios de forma separada del resto de bienes municipales. 

EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ / Diario de Ibiza

EIVISSA | S. PARRA

Un estudio de la Fundación Gadeso sitúa la temporalidad en el empleo en el tercer puesto y lo vincula a un mayor rechazo a la inmigración en Eivissa y Formentera que en el resto de Balears

Aunque numerosos informes y análisis aseguren que el precio de la vivienda frenó su crecimiento el pasado año, poder adquirir una vivienda es la principal preocupación de los pitiusos, según un estudio de la Fundación Gadeso que se presentará el próximo día 15, y que refleja que la corrupción ocupa el segundo lugar en la lista.
«Los problemas para el acceso a la vivienda y las dificultades para poder hacer frente a los gastos que supone su compra y mantenimiento son un rasgo común a todo Balears», explica el presidente de la fundación, Antoni Tarabini. «En cambio, el problema de la corrupción es un rasgo de las Pitiüses y Mallorca, pero que no se da en Menorca», añade.
La explicación, según Tarabini, se debe a la notoriedad de algunos casos de presuntas actividades irregulares de cargos públicos. «Aquí en Mallorca está claro que el `caso Andratx´ ha creado gran inquietud entre los ciudadanos. En Eivissa y Formentera, otros casos bajo investigación judicial han tenido el mismo efecto», apunta el presidente de Gadeso.
En la lista de principales preocupaciones de los ciudadanos de las Pitiüses ocupa el tercer lugar la temporalidad en el empleo, «una cuestión que en el resto de Balears no preocupa tanto y que está muy ligada a la impresión negativa que se tiene de la inmigración», apunta el presidente de la fundación.
La dependencia del turismo y las dificultades para alargar la temporada hacen que aumente la estacionalidad, según el análisis de Gadeso. «Esta situación repercute especialmente en los empleos de baja cualificación y hace difícil mejorar la calidad del servicio», señala Tarabini.
«Otros efectos perversos de esta situación son los problemas para mantener las economías familiares, muy endeudadas, y un aumento de la preocupación por la inmigración, ya que los trabajadores naturales de las Pitiüses ven a los extranjeros como una amenaza pues los empresarios aprovechan para ofrecerles menos dinero por jornadas laborales mayores», concluye.

El candidato socialista, Josep Marí Ribas, avanza uno de los principales proyectos de su programa. Los pisos, de entre 60 y 70 metros, se venderían a un precio «muy por debajo» del valor del mercado

Los candidatos a la alcaldía de Sant Josep de los principales partidos (José Serra Escandell, del PP, y Josep Marí Ribas, Agustinet, del PSOE) empiezan a mostrar sus cartas, lo que marca el arranque ya de la precampaña electoral. El candidato socialista asegura que en su programa electoral incluirá el compromiso de construir, en un plazo de cuatro años, 200 viviendas «como mínimo» para jóvenes del municipio a un precio «muy por debajo» del valor del mercado. «Los jóvenes del municipio no pueden enfrentarse ni competir para adquirir una vivienda de 60 millones de las antiguas pesetas», apunta Marí Ribas, quien recuerda que Sant Josep es el municipio de Balears donde a finales de 2006 el precio medio de un inmueble era el más alto.
Con este anuncio, el candidato del PSOE quiere dejar claro que, tal como dijo el día de su presentación, uno de los ejes principales de su programa electoral girará en torno a la política de vivienda y la juventud. El alcalde de Sant Josep y candidato del PP, José Serra, ya avanzó hace unos días a este periódico que una de las prioridades marcadas en su agenda en el caso de que gane las elecciones será la construcción de tres piscinas públicas en Cala de Bou, Platja d´en Bossa y Can Guerxo, junto al polideportivo actualmente en construcción. «Será lo primero en lo que me pondré a trabajar», destacó.
La respuesta de la candidatura socialista no se ha hecho esperar. Primero, tachando de «electoralista» el compromiso de Serra Escandell, y, ahora, avanzando el que será uno de los proyectos estrella de su programa. Marí Ribas asegura que para sacar adelante esta iniciativa, el Ayuntamiento debe poner suelo a disposición de los constructores. «El coste del suelo es lo que marca el elevado precio de la vivienda. Si aportamos nosotros el terreno, el comprador sólo tendrá que hacer frente a los costes de la construcción, que es la parte pequeña del valor actual de los inmuebles», explica el candidato del socialista, que agrega que «el gestor inmobiliario» también «se lleva una parte importante». «No se trata de perder dinero, pero de esta manera se puede escapar del negocio inmobiliario y ofrecer a los jóvenes una vivienda a un precio muy por debajo del valor de mercado», insiste.
Marí Ribas sostiene que las promociones de viviendas económicas del Ayuntamiento deben ubicarse en las zonas urbanas consolidadas del municipio, en especial Sant Jordi y Cala de Bou. «También es posible en Sant Agustí y Sant Josep», apunta. En todo caso, la localización de estas promociones especiales, que no tendrían la categoría de Viviendas de Protección Oficial, estaría en las zonas donde el Consistorio pueda obtener suelo, ya sea a través del aprovechamiento medio público que marca la ley de otros proyectos urbanísticos privados o a través de la recalificación de zonas concretas a través de las normas urbanísticas del municipio. «Somos partidarios de la protección del territorio, pero también hay que garantizar el derecho de la gente a acceder a una vivienda», dice, al tiempo que agrega: «El avance de las normas subsidiarias incorpora más suelo urbano. No nos parece bien, pero estaríamos de acuerdo si este tipo de operaciones estuvieran vinculadas a la construcción de promociones de viviendas económicas. Lamentablemente, en Sant Josep siempre se prima el negocio especulativo».
El arco de edad de los destinatarios de estas viviendas aún está por definir, según Marí Ribas, que sí tiene claro ya que los inmuebles deben tener una superficie mínima de entre 60 y 70 metros cuadrados. El PSOE, si gana las elecciones, plantea crear una gerencia de urbanismo específica para el desarrollo de este proyecto.

Fuente, Diario de Ibiza. EUGENIO RODRÍGUEZ 

Ara ja farà gairebé dos anys què l’Administració General de l’Estat va engegar un Pla per tal de faciltar l’accès a l’habitatge. Aquest Pla, entre d’altres previsions, com són subvencions a persones i empreses compradores, propietàries i arrendatàries, estableix un capítol específic per l’accès a la vivenda a les persones més joves.

Els redactors del Pla, cosncients què les competències en vivenda i urbanisme són autonòmiques i municipals, han previst la cooperació amb el Govern de les Illes i els Ajuntaments Insulars per tal de finançar amb, fons del govern central, actuacions d’habitatge de promoció pública. Insiteix-ho, de promoció pública. I a més en règim de lloguer. Aquestes són les condicions del Pla: públic i de lloguer per a joves. Això no vol dir què la iniciativa privada no en pugui promoure, i per la qual el Pla també preveu ajuts. Però, el què vull destacar és el posible trident què es podria formar entre: Estat - Govern Balear/Ajuntament - Accès a l’habitatge de lloguer.

Suposem què ara el què fa falta és el sòl. Obviament l’Estat financia la construcció però la Comunitat autònoma, via els ajuntaments, ha de posar el sòl. Bé, dies passats (18 de desembre), amb sol·licitud cursada a tots els municipis d’Eivissa i Formentera, es va demanar als Alcaldes si han exigit als promotors les obligatòries cessions de sòl, precisament per destinar-les a facilitar l’accès a l’habitatge. Veurem quines seran aquestes reserves. En cas què no s’hagin produït, veig pràcticament imposible què ens poguem beneficiar d’uns ajuts què qualifiquem de vitals per canviar el rumb del model d’habitatge pitiús.

Aquests ajuts a promoció de promoció pública de lloguer per a joves (fins a 35 anys), poden significar fins a un 40 per cent del cost de la promoció, i amb un pagament inicial de fins un 30 per cent. Aquesta col·laboració s’ha de fer per conveni entre les parts, ja sigui amb la Comunitat Autònoma o amb els Ajuntaments. Aquest ajuts són posibles si les vivendes es destinen a lloguer per un mínim de 25 anys i amb superfícies d’entre els 70 i 90 m2. Aquí ja no estem parlant dels famosos 30 m2.

Gairebé amb dos anys de vigència del Pla, quelcom ha vist algun cartell d’obra tipus "projecte co finançat per el Pla Estatal de Vivenda”?. Serà que cap Ajuntament Pitiús ha sol·licitat els ajuts? És què resultarà què cap Ajuntament té sòl per aquest destí? En cas de disposar de sòl, més d’un s’haurà de llegir el Pla Estatal de la Vivenda. En seguirem parlant.

Adjuntamos el informe Actualizado del Observatorio Joven de la Vivienda en Balears.

 

Podéis descargarlo en la sección DOCUMENTOS RELACIONADOS, de nuestro menú.

Eivissa, a 18 de Desembre de 2006

Davant la greu qüestió de l'accés a l'habitatge és del tot urgent i imprescindible forçar immediatament l'activació de polítiques públiques encaminades a pal·liar aquesta qüestió central per la ciutadania.

A ningú se l' escapen les dades estadístiques relacionades amb el mercat de l'habitatge espanyol: famílies invertint més del 50% dels seus ingressos mensuals en el pagament de l'habitatge, un parc desconegut d'habitatge urbà sense ocupar, lloguers de habitatge equiparables, en despesa mensual, als preus de compra i en definitiva; manca de polítiques actives per moderar el preu del sòl i promocionar alternatives a la compra d'habitatge.

Aquest estat de coses té greus conseqüències en el model de convivència: repercussió en el consum d'altres béns què no sigui l'habitatge, problemes veïnals fruit de l'hacimament a les escales de vesins, habitatge turístic incompatible amb habitatge habitual. En el cas concret d'Eivissa i Formentera i a causa de la insularitat, hom pot afegir: l'excesiva mobilitat del personal al servei de les Administracions Públiques (justícia, educació, cossos de seguretat de l'estat, personal sanitari), dificultat en l'accés a la habitatge pel personal de temporada i altres. Aquesta dificultat en l'accés, repercuteix greument en la qualitat del serveis públics més bàsics i fonamentals.

La primera i concreta acció, ha estat la sol·licitud a TOTS ELS AJUNTAMENTS PITIÜSOS del tot el sòl públic de la seva titularitat com a conseqüència de la gestió urbanística en aquests darrers anys . Així mateix, la quantitat de diners consignat com a pagament alternatiu de l'obligació de reclamar la cessió del 10% del l'aprofitament dels sector de sòl urbanitzable. Adjunt aquesta sol·licitud entregada avui per correu i dirigida a tots els Alcaldes de les Corporacions locals.

El primer què hom ha de conèixer és si els municipis han fet els deures en gestió urbanística en quant a la seva obligació d'exigir als promotors de sòl urbanitzable el 10% de l'aprofitament dels sectors ja sigui en parcel·les resultants o en espècie.

Definitivament la sensibilitat és continuar insistint davant les administracions territorials per enfrontar la qüestió des de la responsabilitat què a cadascuna li pertoqui.

Les accions s'aniran continuant i els resultats s'oferiran puntualment, espero què ja no en solitari.